martes, mayo 06, 2014

A cuarenta y siete meses, burla al sistema


En honor a la verdad debo admitir que en mis veintidós años de graduado nunca me imaginé ver lo que en la última audiencia del pasado 01 de mayo del año en curso, 2014, del caso que nos ocupa, fuera posible, y más de parte de un miembro de una institución pública, como la Defensoría.  En dicha audiencia, el defensor público designado por el tribunal y por la misma Defensoría para asistir a los medios de defensa del imputado principal, Adriano Rafael Román Román, lo fue, el licdo. Leónidas Estévez, alegando los más absurdos argumentos e incidentes, como los expuestos a seguidas: primero le solicitó al tribunal que no estaba dispuesto a defender Adriano por asuntos de “dignidad” y que por ese motivo, que no es nada jurídico, pero el asunto era crear las condiciones de no conocer audiencia, le expresaba al tribunal “inhibirse”, algo insólito. 
  
Una vez el tribunal le rechazó el pedimento, si así pudiese llamarse, y luego de un receso, el mismo olímpico abogado defensor técnico; con el conocimiento de sus demás compañeros que se encontraban en juicio, de la propia encargada de la Defensoría Pública de Santiago; viendo la decisión del tribunal de continuar el conocimiento de la audiencia, alega que no puede defender al imputado Adriano Rafael Román Román, porque no había podido comer y que por tanto no estaba en condiciones de defenderlo. Esta barrabasada, también fue rechazada, no sin antes recordar que había interpuesto un Recurso de Amparo en representación del imputado contra los jueces. Una vez se vio dicho abogado defensor público en la imposibilidad de inventarse otros incidentes, procedió a retirarse y abandonar el estrado, aún con la advertencia del tribunal de que no lo hiciera porque sería sancionado, a pesar de ello, lo hizo.
    
Esta narración breve, del desaguisado comportamiento, no sólo de un abogado y defensor público, sino de una institución pública del Estado, que pagamos todos y todas las dominicanas, con nuestros impuestos, se pueda dar el lujo, no ahora, sino en varias ocasiones, de hacerle el penoso, funesto, vergonzoso y peligroso juego al imputado principal para que siga colocando obstáculos al camino de un proceso que tiene solamente en juicio de fondo, diecisiete reenvíos.
    
Tal como indiqué al inicio, que en mis veintidós años de ejercicio profesional como abogado, nunca había sentido tanta vergüenza por una institución que de forma penosa ha coincidido con el principal imputado del proceso, en reenvíos, no para garantizar derechos de imputados, sino para hacer labor de obstáculos al proceso. Siempre lo hemos dicho, no tememos enfrentarnos en estrado a ningún abogado, siempre y cuando utilice argumentos jurídicos para hacerlo, ni tampoco he pretendido que no se garanticen derechos a imputados, pero de ahí a querer utilizar mecanismos vergonzosos y que ni siquiera tienen fuerza legal para justificarlos, es otra cosa.  
    
Esa audiencia fue el día uno de mayo, como expresamos, y el dos, se cumplían, cuarenta y siete meses del atentado en mi contra, en los que hemos tenido que sortear este tipo de actitudes inadecuadas, de imputados, abogados privados y defensores públicos. 
    
Hacía tiempo que no sentía tanto cuestionamiento por el proceder de una institución que formare parte del sistema de justicia, y que al suponerse, pública, que tiene obligaciones pautadas por su ley orgánica y lo expresado en disposiciones constitucionales a realizar su labor, sin embargo, llegan al colmo hasta de irrespetar al tribunal bajando de estrados, como lo han hecho otros abogados privados, de forma desleal e irrespetuosa. 

Habría que preguntarse: ¿Está la Defensoría Pública de Santiago y la Defensoría Pública Nacional, por encima de la ley, la Constitución y la autoridad de los tribunales? Tal parecería que quienes la dirigen así lo creen y muestra de ello están los hechos que son más elocuentes que las propias palabras. No es hoy al caso que nos ocupa a quien se le ha hecho daño, con esta actitud desleal y fuera de todo respeto, sino al propio sistema judicial dominicano. Porque se supone que la Defensoría Pública forma parte del mismo, y está, no para hacerse complaciente con las partes contrarias, claro que no, pero tampoco para contribuir, con mecanismos no jurídicos, hacerle el juego a evitar el conocimiento de un proceso, sea de quien sea.

He transitado junto a mi familia, por un proceso en el que nos enfrentamos a un grupo que se asoció para asesinarme, acusados de crimen organizado, utilizando la modalidad de sicariato, la misma que se ha convertido en una empresa criminal en nuestra sociedad. Pero al parecer, también tenemos que estar preparados para saber que una institución pública de forma vergonzosa y penosa, está contribuyendo a poner piedras en el camino. 
    
A pesar de saber desde hace años de la familiaridad que existe entre la directora de la Defensoría Pública, quien es la Dra. Laura Hernández Román y el principal imputado, Adriano Rafael Román Román, sin embargo, nunca establecimos esto, hasta que salió la famosa Instrucción General, hace unos meses en este año, la misma que pretendían imponer, aún siendo un adefesio e ilegal.

En estos cuarenta y siete meses, que fueron cumplidos el pasado 2 de mayo del año en curso, 2014, a raíz del atentado en nuestra contra, seguimos dando gracias por la vida que nos ha regalado Dios.  Asimismo, las fuerzas para seguir enfrentando a imputados como Adriano Román y todo lo nocivo que se ha aliado, para evitar la continuación del juicio.  

Estamos más que conscientes y luego de ver lo narrado más arriba, que existen instituciones o quienes las dirigen que están dispuestos a perjudicar el sistema, sin importar las consecuencias que de esto se derive.  Que asumen unas posiciones y posturas, frente a los medios de una forma y en juicio una totalmente distinta, hacen labor de diversión y de relaciones públicas, para mantenerse en sus puestos.

No nos van a amilanar el deseo, no ya por nuestra familia y quien escribe, sino por los dominicanos, dominicanas y sus familias, que han sido o pudieran ser víctimas del sicariato, como nos sucedió a nosotros hace cuarenta y siete meses, cumplidos el pasado 2 de mayo. 
    
En estos cuarenta y siete meses de mi atentado, he aprendido, que así como existen asesinos a sueldos dispuestos a todo; abogados e instituciones que han perdido toda lealtad; existen hombres y mujeres dispuestos a no ceder sus principios, ni sus metas y objetivos. No vamos renunciar a buscar justicia por el caso que nos ocupa, por sentar un precedente y un ejemplo en contra del sicariato, del crimen organizado y de quienes están dispuestos en ampararse bajo el tigueraje, la rastrería, la bajeza y la sinvergüencería procesal, con tal de evitar que el sistema haga su papel, no para quien escribe en particular, sino para todos y todas.

Hoy más que nunca, el compromiso es para no olvidar que cada quien debe asumir su papel, si desea que esto algún día comience a adecentarse.  En estos cuarenta y siete meses de mi atentado, he visto como la profesión de abogados, es hoy la ideal, para llevar a cabo el tipo de maniobras sucias que se pueden encontrar hoy en estrados. 
    
A cuarenta y siete meses de mi atentado, he podido ver de forma lamentable, como actitudes de imputados y de una institución pública, confluyen para llevar a cabo, una burla al sistema judicial de forma peligrosa.